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Jueves, Septiembre 13, 2018 - 09:38

Dentro del proyecto de ley que buscará reformar la justicia en Colombia y que será presentado por el Gobierno del presidente Iván Duque, destacamos algunos de los principales aspectos:

Uno de los puntos que llama la atención es el de la acción de tutela, se busca frenar las famosas ‘tutelatones’, que solo logran crear congestión en la rama judicial: “Solamente podrán interponer una acción de tutela el titular del derecho afectado, su representante legal, su apoderado o agente oficioso cuando no pueda interponerla directamente. Las acciones de tutela interpuestas por otras personas deberán ser rechazadas de plano y no serán objeto de selección por la Corte Constitucional”.

Sobre los requisitos para la rama judicial, se busca aumentar a 25 años la experiencia en cargos de la rama judicial para ocupar el cargo de magistrado de Colombia y se aumentará su periodo a 12 años. Pero, además, “una vez terminado su periodo, los magistrados elegidos después de la promulgación de este acto legislativo no podrán litigar directa o indirectamente ante la jurisdicción en la cual fueron elegidos ni ser elegidos para cargos de elección popular”.

Para la elección del Registrador Nacional, se busca que ya no tengan intervención los magistrados, sino que sea elegido por el Congreso en Pleno mediante un concurso de méritos. Igualmente, en la elección del contralor General, el Procurador General y la elección de los magistrados de la Corte Constitucional.

Solo estarán facultados para participar en la elección del Fiscal General de la Nación quien será elegido por la Corte Suprema de Justicia mediante concurso de méritos y “Debe reunir las mismas calidades exigidas para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia”.

De otro lado, se buscará la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, no obstante, se buscará u organismo rector administrativo, como es la Dirección de la Administración de Justicia. “El Director de la Administración Judicial será elegido por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado por convocatoria pública”.

Se creará el Colegio Nacional de Abogados que “le corresponde llevar el registro nacional de abogados e investigar y sancionar las faltas disciplinarias de los abogados en el ejercicio de su profesión, de conformidad con la ley”.

Un cambio fuerte será la eliminación de las contralorías, departamentales, municipales y distritales. “Esta descentralización también hace que cada contraloría funcione como ente independiente y que en muchas regiones no cuente con el personal suficiente para hacer investigaciones”. Todo se realizará por parte de la Contraloría general de la República.

Para descongestionar la rama judicial, se propone otorgar facultades excepcionales con funciones jurisdiccionales a abogados en ejercicio como medida transitoria por un periodo de 5 años prorrogables con fines de descongestión judicial.

“La ley establecerá los requisitos que deben cumplir los abogados para ejercer estas funciones, así como los eventos en que deben ser asumidas como condición obligatoria no remunerada para el ejercicio de la profesión”.

 

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