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Foto: El Heraldo
Lunes, Agosto 20, 2018 - 10:57

Articulación de esfuerzos de la Fiscalía, la Armada y Migración Colombia, permitió ubicar tres establecimientos en Cartagena a los que llegaron mujeres que mediante engaños habrían sido captadas, trasladadas, sometidas a tratos crueles y obligadas a ofrecer servicios sexuales.

Luego de la desarticulación de redes de proxenetismo y de trata de personas con la Operación ‘Vesta’, en la que fueron detenidas 18 personas, y la puesta en marcha de la cruzada contra los delitos sexuales en Bolívar en la que se obtuvieron 43 órdenes de captura, las actividades se concentraron en restablecer los derechos de las víctimas y ubicar los lugares en los que se promoverían tratos degradantes e inhumanos contra las mujeres en zonas turísticas y concurridas de la ciudad.

En ese propósito, se realizaron diligencias de registro y allanamiento en tres establecimientos nocturnos ubicados en el sector conocido como Bomba El Amparo y constataron la existencia de una modalidad ilegal de trata de personas interna, en la que jóvenes, especialmente venezolanas, y de diferentes zonas de Colombia, eran convencidas de viajar a Cartagena para atender supuestas expectativas laborales, cuando en realidad serían obligadas a ofrecer servicios sexuales.

Durante los operativos los investigadores encontraron 49 mujeres, 23 de ellas indocumentadas y de nacionalidad venezolana, que quedaron a disposición de Migración Colombia para verificar su ingreso al país y realizar los trámites administrativos de ley. A las víctimas les fueron restablecidos sus derechos y reciben la atención psicosocial necesaria para reencontrarse con sus familiares y superar la difícil situación que enfrentaron.

Así eran sometidas

Estas mujeres fueron rescatadas del dominio y la intimidación de una presunta organización de proxenetismo que las mantenía en hospedajes ubicados en sótanos y precarias condiciones, les proveía una alimentación inadecuada, les retenía cédulas y pasaportes para tener control sobre sus movimientos, las explotaba sexualmente y la mayor parte de los recursos obtenidos eran tomados por la misma red, a título de ‘cobro’ por su cuidado.

Como evidencia física de esta modalidad de esclavitud sexual, fueron encontrados libros de registro con los listados de las jóvenes vinculadas. En estos aparecen frente a cada nombre los valores que adeudaban, multas por el aparente incumplimiento de las restricciones impuestas, y el promedio de servicios sexuales que debían cumplir en cada jornada.

Ahora las investigaciones se centran a ubicar y judicializar a los presuntos integrantes de la estructura criminal que cumplían distintos roles, desde el reclutamiento de las mujeres hasta su control y amedrentamiento que les impedía escapar. Asimismo, iniciarán los procedimientos de extinción del derecho de dominio de los inmuebles utilizados para estas actividades ilegales.

Adicionalmente, en los procedimientos los funcionarios descubrieron un pasillo secreto que comunicaba a dos de los establecimientos entre sí y, al parecer, era utilizado por clientes y mujeres para encuentros sexuales o evadir la intervención de las autoridades.

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